La fiscalización de recursos ante el Conaculta pareciera infalible

Tanto peca el que mata la vaca...

Se habían planeado algunas actividades para la inauguración del Teatro Juárez de Zitácuaro pero lo que sería un festival cultural terminó en una mala película de terror.

   Entre acusaciones de ‘moches’, extorsiones y hasta de que los diputados federales piden ‘diezmo’ de todos los recursos federales que logran etiquetar para municipios –este señalamiento fue negado horas después- el tema parece no tener fin y tampoco claridad alguna.

   El caso del ya bautizado ‘Festival del Moche’ involucra a la gestora cultural Verónica Loaiza (VL), al presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos y al diputado Ernesto Núñez (EN).

   El ‘culebrón’ inició con la denuncia -por parte de Loaiza- de que de los 6 millones de pesos etiquetados se gastarían solo 1.5 en las actividades del festival y el resto quedaría libre para ‘repartirse’; luego siguió con el señalamiento de Campos de que había sufrido un intento de extorsión por parte de la gestora cultural.

   El remate vino por parte del diputado quien dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias en su demanda contra Loaiza por difamación.

Leer entre líneas

En el primer audio del caso, revelado el pasado 23 de julio, se escucha:

“—(VL) A ver, tengo una preocupación muy grande, sí es una gran cantidad…

—(EN) N’ombre, hay gente que no ha hecho nada, hay gente que saca 10 millones y hacen uno

—(VL) O sea, no hay problema

—(EN) Ahí nomás todo documentar con facturas y demás y documentar, un evento lo documentas doble y etcétera, etcétera, y luego hay diputados que bajaron 10 proyectos de esos, no, no hay capacidad

—(VL) No hay bronca entonces, me refiero a la prueba en físico y ese tipo de cosas

—(EN) No, te piden fotos, un evento le tomas fotos por otro lado, o sea

—(VL) Sabes que me están pidiendo hasta la cotización de los artistas

—(EN) Sí, tiene que ser gente de confianza tuya y diles ‘va a ser esto, pero tienes que presentar una cotización por esto’

—(VL) Ok, de plano

—(EN) Lo único es que tiene que estar justificado”.

   Al respecto Ernesto Núñez comentó para PROVINCIA en la citada fecha: “En el audio nunca se menciona que se le estén pidiendo millones, eso que argumenta (Loaiza) es una farsa.

   “Lo que se le está diciendo de las facturas era en el afán de ayudarla, porque ella había tenido algunos gastos, yo le decía que metería algunas facturas para que pudiera recuperar. Yo nunca había bajado temas de recursos de cultura, les va muy bien a los que los desarrollan, hay proyectos de 10 millones que salen en 6 y ahí les queda una utilidad, pero era para que ella recuperara un porcentaje por los gastos que supuestamente había generado, pero eso fue un comentario, nunca fue ni de que dame ni dale al presidente, es un completamente mentira”.

   Pero aunque el político señaló que únicamente fue un comentario, sí hizo referencia a la posibilidad de obtener ciertas ‘utilidades’ al gastar menos de lo etiquetado y no devolver el recurso, como por procedimiento se debe hacer.

   En el apartado 4.2.3 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se señala: “Los recursos presupuestarios federales que no se apliquen a los fines previstos, en cada proyecto, deberán devolverse a la DGCP (Dirección General de Culturas Populares) para su correspondiente reintegro a la Tesorería de la Federación. En caso de no realizar los reintegros en tiempo, el responsable del incumplimiento estará obligado a cubrir los daños al erario federal por la extemporaneidad de la concentración de los recursos que determine la Dirección de Fiscalización a Entidades y Dependencias de la Tesorería de la Federación”.

Los candados

En entrevista para PROVINCIA, María Catalina Patricia Díaz Vega, delegada administrativa de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum), señaló que cada vez hay más disposiciones en lo tocante a rendición de cuentas lo que dificulta que quien busque dar un mal uso a recursos públicos tenga éxito.

   “En alguna ocasión escuché a equis personaje decir: ‘Vamos a constituir una asociación civil para que no nos fiscalicen’, nada más equivocado, está expresamente en ley, aunque seas un particular, si recibes dinero público para un fin social, tienes que rendir cuentas y eres sujeto de fiscalización”.

   La funcionaria estatal señaló que para la obtención de recursos federales, en este caso a través del Conaculta, se debe presentar un proyecto con objetivos claros y los medios para alcanzarlos, “y lo que en los últimos tiempos está cuidando mucho el Conaculta es que haya un impacto social. Estamos en una rama de gobierno que es de beneficio social, entonces todos nuestros proyectos tienen que impactar en la sociedad, entre mayor población cubra un proyecto, mayores posibilidades hay de que sea aprobado”.

   Díaz Vega abundó en que existe una preaprobación de proyectos por parte de la Cámara de Diputados cuando el recurso aparece en el decreto del presupuesto de egresos, “pero preaprobado, la responsabilidad del Conaculta es entrar a fondo, verificar el objetivo y alcanzar el beneficio social”.

   Cuando el proyecto finalmente se aprueba –en el caso de los culturales por parte del Conaculta-, el presupuesto debe quedar justificado señalando los montos destinados a diversos renglones -contratación de artistas, música, viáticos, transporte, hospedaje, etcétera- y luego de esto se firma un convenio con el beneficiario, ya sea la Secum, el municipio que lo haya presentado o la asociación civil solicitante.

   “Ese convenio establece el destino específico (del recurso) y la obligación de comprobar todo con documentación formal, documentación que cumpla todos los requisitos fiscales. Si hay que celebrar contratos, que estos cumplan con todas las normas de la ley, pero no basta el contrato, la persona que se contrata deberá expedir el comprobante fiscal correspondiente con todos los requisitos.

   “Ahora que se dio la reforma a los comprobantes fiscales digitales, también nos especifica que no nos acepta comprobación, por ningún motivo, que no cumpla los requisitos fiscales ni comprobación que no corresponda a lo comprometido. Si yo dije que iba a comprar huaraches para la danza x, yo tengo que comprobarle que compré huaraches para la danza x, no que se me ofreció otra cosa”.

   El punto número uno del Prontuario del rendidor de cuentas, incluido en el Instructivo y Formatos de informe para rendición de cuentas 2013 para los donativos que otorga el Conaculta se establece: “Es obligación del Donatario presentar informes trimestrales a partir de la fecha de firma del contrato de donativo sobre el avance del proyecto y uno final al término del mismo. En caso de que el proyecto tenga una duración menor a tres meses deberá presentar informes mensuales”.

   “Al día siguiente de que se cumple el trimestre ya tenemos un requerimiento del Conaculta, tienen muy buen control”, comentó Díaz Vega.

   “El convenio también establece el compromiso del beneficiario de permitir el acceso a la fiscalización, sea del propio órgano del control del Conaculta, Contraloría Interna, de la Secretaría de la Función Publica -que fiscaliza los recursos federales- o la Auditoria Superior de la Federación, cualquiera de las tres instancias nos puede auditar. Cualquier beneficiario debe tener toda la disposición de atender a esas tres instancias fiscalizadoras”.

   Si los procedimientos se cumplen en apego a lo señalado por la funcionaria sería muy difícil obtener una ‘utilidad’ de recursos etiquetados como sugirió el diputado Núñez, y en el caso de presentar facturas ‘infladas’, estas deberían salir con un sobreprecio con todo conocimiento de quien las emite, hecho que añadiría un involucrado más a un proceso de corrupción.

   Conseguir comprobantes que aunque legales no coincidan con los objetivos de un proyecto no es una opción viable para quien quera hacer mal uso de recursos y mucho menos la falsificación de los mismos.

   En los puntos seis y nueve del Prontuario del rendidor de cuentas se señala: “Los recursos no podrán destinarse a conceptos, actividades y objetivos diferentes y/o no alineados a los comprometidos en el proyecto y aprobadas por el Conaculta”; “Las facturas y recibos de soporte fiscal a los gastos registrados deberán ser revisados previamente a la presentación al Conaculta en los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Internet, tanto facturas impresas como digitales deberán presentarse acompañadas de su verificación impresa”.

   Respecto a la fiscalización se le hizo la siguiente pregunta a la delegada administrativa de la Secum:

-¿La fiscalización se hace a cada uno de los proyectos, o solo hay la posibilidad de? Tal vez se realiza y pasa el proyecto y no se fiscaliza

Efectivamente. Si aquí en la secretaría tenemos más de 200 proyectos, imagínate a nivel nacional, como para que exista la capacidad humana de fiscalizar el 100 por ciento.

   El riesgo -si tenemos malas intenciones lo vemos como riesgo- la posibilidad de que se fiscalice existe y creo que afortunadamente también el uso de las nuevas tecnologías apoya en mucho la fiscalización. Los informes trimestrales apoyan mucho a quien tiene la responsabilidad de fiscalizar decida dónde tiene que fiscalizar para encontrar a quien esté haciendo mal uso y no quitarle tiempo a quien esté trabajando bien. ¿Cómo lo apoyan? Los informes son a través de un sistema que está en la red, nosotros subimos la información, incluso escaneamos los comprobantes, incluso sé, porque alguna vez pertenecí a las áreas fiscalizadoras, que ellos imprimen ese comprobante y en la página del SAT hay una aplicación para verificar la autenticidad o legitimidad de un comprobante, cada vez más la autoridad le cierra la puerta a la gente de malas costumbres.

No dicen nada

Diario Reforma dio a conocer que en el proyecto presentado ante el Conaculta se habían presentado con sobreprecio algunos grupos y artistas.

   P'urhembe, grupo de música purépecha que cobra 3 mil 500 pesos por actuación estaba contemplado con 36 mil 750 pesos; Orquesta Sinfónica de Michoacán -que ya está en la nómina pública- por 400 mil; lonas publicitarias por 90 mil; una Antología poética valuada en 200 mil pesos, cinco veces más de lo que la editorial Quimera acostumbra pagar, según su coordinador, Sergio Téllez-Pon; son solo algunos ejemplos de lo planeado.

   Pese a todo lo anterior, a que la atañe directamente y aunque hace ya una semana que se dio a conocer el caso, el Conaculta no se ha pronunciado al respecto.
   Ayer este medio estuvo llamando al consejo y luego de estar ‘rebotando’ de extensión en extensión y de área en área, Gloria Barajas Gutiérrez, subdirectora de Animación Cultural –departamento encargado de los festivales culturales- respondió vía correo a una solicitud de entrevista: “Estimado Sr. Ignacio Torres/ Confirmo la recepción de su atento correo electrónico y hago de su conocimiento que el CONACULTA cuenta con un área de prensa, a la cual usted puede dirigir su petición./ Sin otro particular, reciba un cordial saludo.”.

Foto: http://www.revistabuenviaje.com/